Dirigencia sindical: ¿títere de los gobiernos?

El referéndum sindical ha generado gran polémica en la opinión pública. El pueblo tiene la última palabra

Desde hace dos décadas el movimiento sindical venezolano ha estado progresivamente sometido al cuestionamiento y al reclamo de cambios profundos en su forma de funcionamiento. En un contexto de reformas e intentos revolucionarios, como el que vive el país en los actuales momentos, las agrupaciones gremiales no podían quedar de lado en la discusión sobre la legitimidad institucional en Venezuela.

El referéndum sindical, aprobado por la Asamblea Nacional, ha generado una intensa polémica en la opinión pública. El sector oficial a favor, los sindicatos, la Iglesia y algunas agrupaciones de la sociedad civil en contra; será entonces la población la que a través del voto popular tenga la última palabra.

Pero la discusión pública sobrepasa los límites del problema sindical, ya que muchos ven la intervención gubernamental en esta materia como un simple reflejo de un peligro mayor.

“La institucionalidad democrática en el país es lo que está en juego”, dijo Juan Navarrete en el foro ¿Está en peligro la libertad sindical? El director de la Defensoría del Pueblo opina que las violaciones a la libertad sindical se circunscriben en este marco.

De forma similar, Federico Ramírez León, presidente de la CTV, ha dicho que la decisión de la AN pone en riesgo todos los Derechos Humanos, afirmando incluso que los medios de comunicación social pudieran ser los que siguen en la lista del “intervencionismo gubernamental” (El Nacional, 15-11-00).

Por su parte, Marino Alvarado, representante de Provea, considera que “en el futuro podríamos tener a un Estado omnipotente controlando hasta la más mínima forma de expresión organizativa, desde agrupaciones deportivas hasta asociaciones de vecinos”.

Desde el punto de vista jurídico, el referéndum del 3 de diciembre luce inadmisible. “Convenios Internacionales, como los suscritos con la ONU, la Organización Internacional del Trabajo, el Pacto de San José y el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Políticos, prelan sobre el derecho interno, según dispone la propia Constitución Bolivariana”, indicó el experto en derecho laboral y profesor de nuestra casa de estudios, Humberto Villasmil.

Desde 1998, durante la carrera electoral por la presidencia, el candidato Hugo Chávez Frías puso en la mira de su discurso revolucionario al movimiento sindical y en especial a la CTV. Una vez en el poder, el tono de las acusaciones aumentó al punto de que el primer mandatario ha reiterado que “a la Confederación de Trabajadores de Venezuela le queda poco tiempo de vida, pues es el último reducto del puntofijismo” (El Universal, 7-6-2000).

El enfrentamiento entre la dirigencia sindical -donde AD todavía mantiene una importante cuota de poder- y el gobierno, ya se mostraba latente durante la campaña de 1998. En aquel entonces, el secretario general de la CTV, Carlos Navarro, respondió a la intimidación chavista de demoler a la CTV, con la amenaza de “paralizar al país con quince llamadas telefónicas” (Urquijo, José: “El Movimiento Obrero de Venezuela”).

El nuevo escenario político, conformado a raíz de las elecciones, está dominado por los representantes de un sector minoritario de los trabajadores dentro de la CTV. Según el análisis del padre José Ignacio Urquijo, “los dirigentes de estas fracciones soportaron por años la hegemonía de AD. Ahora, por el lenguaje utilizado en  los medios de comunicación, pareciera que consideran llegado el momento de su revancha”.

El movimiento obrero empezó en Venezuela en 1936, tras la muerte de Juan Vicente Gómez y el advenimiento de la democracia. Un año después, en el gobierno de López Contreras, las formas asociativas e intentos gremiales que lograron sobrevivir en medio de la persecución de la dictadura, se reúnen en un primer Congreso de Trabajadores de Venezuela.

Tras la Revolución de Octubre, en 1945, sale del mando Medina Angarita y asume el Poder AD, lo que fortaleció las organizaciones que controlaba este partido, superando así las dominadas por los comunistas (CUTV).

La partidización de los sindicatos se empezaba a hacer manifiesta en ese entonces. Tanto, que se  hablaba de “sindicatos blancos, rojos y negros» en alusión a los colores electorales de algunas agrupaciones políticas.

En la segunda mitad del siglo, Pérez Jiménez toma el poder y tres meses después dicta un decreto que disuelve a la CTV y sus federaciones. Aparecen desde el poder persecuciones de diversa índole. La tortura, el exilio y la clandestinidad se convierten en sinónimos en una constante del movimiento sindical. Sólo las organizaciones más fuertes sobreviven, entre ellas, algunos sindicatos nacidos bajo los auspicios de la Fraternal Unión de Dirigentes de Acción Social Católica y del Círculo Obrero de Caracas, promovidos por el padre Manuel Aguirre Elorriaga, s.j.

El deseo de acabar con la represión dictatorial propició un sentido de unidad, que lleva a la formación del Comité Obrero de la Junta Patriótica, que jugó un importante papel en la convocatoria a huelga general de tres días, hecho que culminó con la caída de Pérez Jiménez.

Con la vuelta al sistema democrático, la adscripción de dirigentes sindicales a partidos políticos entorpeció su autonomía en el proceso de toma de decisiones. La lealtad al partido y el interés propio privaron en numerosas ocasiones sobre las necesidades reales de los trabajadores. De esta forma, los “sindicaleros” comienzan a perder credibilidad y, en la misma proporción, a ganar el rechazo de la opinión pública nacional.