En el foro, organizado por la Escuela de Derecho, se debatió la necesidad de una reforma judicial profunda y el reconocimiento de las víctimas como pilares fundamentales para lograr una transición democrática real en Venezuela
Con el fin de analizar las herramientas jurídicas que permitan superar los desafíos políticos en Venezuela, la Escuela de Derecho de la UCAB Guayana, en conjunto con el Centro de Estudiantes (CED) y los Consejeros de Escuela (COES) de Derecho, llevó a cabo el foro: “Ley de Amnistía: alcance, retos y desafíos para la reinstitucionalización”.
El evento contó con la participación de la politóloga e investigadora Aiskel Andrade, directora del Centro de Estudios Regionales de la UCAB, y del licenciado Oscar Murillo, coordinador general de la ONG Provea, quienes examinaron el instrumento legal desde la teoría constitucional y la realidad de las víctimas de violaciones a derechos humanos.
Enfoque constitucional frente a la lógica del poder
La profesora Aiskel Andrade inició su intervención aclarando que, más allá del derecho penal, la amnistía debe entenderse como un recurso de política constitucional esencial para las transiciones democráticas. Para la experta, la ley no debe ser vista como un perdón, sino como un «olvido» estratégico para reconstruir el pluralismo político.
«La ley de amnistía podría ser la posibilidad para darle chance a la política (…) el espacio para cerrar un ciclo de excepcionalidad jurídica. No es un instrumento cotidiano, es un acto de soberanía para alcanzar la paz social», afirmó Andrade.
Sin embargo, advirtió sobre la paradoja de su aplicación en el contexto actual: el hecho de que sean los mismos jueces que participaron en la judicialización de la política quienes ahora deban ejecutar los beneficios de la ley.
Subrayó que, sin una reforma judicial profunda que garantice la independencia de poderes, cualquier intento de amnistía corre el riesgo de ser solo un “trámite procedimental” y no una transformación real.
Entre el diálogo y la opacidad
Por su parte, Oscar Murillo, coordinador de Provea, aportó una visión basada en la participación de la sociedad civil y organizaciones defensoras de derechos humanos en el debate parlamentario previo a la aprobación de la ley.
Murillo destacó que el impulso de esta ley no fue una concesión gratuita del Estado, sino el resultado del «coraje y la valentía de los familiares de los presos políticos», quienes nunca cesaron en su reclamo de libertad tras las detenciones arbitrarias registradas especialmente desde julio de 2024.
Murillo fue crítico con lo que denominó el «pecado original» de la ley: la concepción de que la amnistía es un perdón otorgado unilateralmente desde el poder. Asimismo, denunció las limitaciones de la Comisión Nacional de Verificación.
«Yo no puedo decir que es mentira lo que dicen las cifras oficiales, pero tampoco puedo decir que es verdad porque no hay forma de verificar (…) La Comisión Nacional de Verificación debería estar integrada por mecanismos internacionales, la Cruz Roja, la Iglesia y las universidades, pero quedó solo en manos de los parlamentarios», señaló Murillo.
A pesar de considerar que existen deficiencias técnicas del texto legal, el coordinador de Provea valoró el espacio de diálogo que permitió a las víctimas confrontar a los legisladores tras décadas de exclusión: «Fue un paso importante. Tuvieron que escuchar el tamaño del sufrimiento de las familias que pedían prestado para poder viajar a ver a sus detenidos».
Hacia un nuevo tiempo político
Ambos ponentes coincidieron en que la Ley de Amnistía de 2026 representa un punto de partida, pero no la meta final. El foro concluyó con la reflexión de que la paz social en Venezuela depende de la capacidad del Estado para rectificar y permitir un proceso genuino de reconciliación, transparencia y respeto a los derechos humanos, devolviendo el protagonismo al pluralismo político.
María Virgina Alarcón, directora de la Escuela de Derecho de la UCAB Guayana, cerró el espacio de análisis agradeciendo a los ponentes y reconociendo la labor de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y la sociedad civil, destacando a Provea como un aliado institucional. Asimismo, felicitó al equipo del Centro de Estudiantes de Derecho y a la representación estudiantil por su liderazgo en la organización del debate.